Las conclusiones que hoy presento; parten del reconocimiento de que el sector comercio y servicios, conformado en su mayor parte por la micro, pequeña y mediana empresa, constituye una de las fuentes de actividad económica más importantes del Estado; a partir de esa premisa fundamental, pongo a la consideración de la asamblea, las siguientes;

Conclusiones:

Primero: El obstáculo que enfrentan a diario los empresarios y emprendedores; los primeros para mantenerse en el mercado y en su caso crecer, y, los segundos; para la creación de nuevas empresas; es la absurda legislación fiscal y de seguridad social; en efecto, el Impuesto Sobre la Renta, que en otros países se ha manejado como un incentivo para la empresa y para los emprendedores; en México tiene fines exclusivamente recaudatorios; lo que hace que el micro, pequeño y mediano empresario, se mantenga en los límites de la supervivencia y quede anulada toda posibilidad de creación de nuevas empresas; pues el Fisco Federal exige el treinta y tres por ciento de su ingreso; es decir, la tercera parte; pero, si a esa tercera parte, además, se agrega lo que se debe pagar por concepto de seguridad social, que involucra las aportaciones al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, al Sistema de Ahorro para el Retiro; y, las cuotas obrero patronales del Instituto Mexicano del Seguro Social; el pago de los servicios permanentemente crecientes de energía eléctrica y telefónico; y, para rematar los impuestos estatales y municipales; no resulta difícil entender el porqué del raquitismo de las empresas y la escasa posibilidad de nuevas; pues la agresividad de los tres niveles de gobierno, los pone a un paso de su extinción; extinción que tendría efectos catastróficos, ya que la micro, pequeña y mediana empresa, constituyen más del noventa por ciento de la actividad económica del Estado.

La propuesta de solución a este grave problema, es: que el Impuesto Sobre la Renta, del cual deberán participar el Estado y el Municipio, a fin de que éstos dos últimos, supriman sus impuestos y únicamente mantengan el cobro de derechos; pase del treinta y tres, al quince por ciento; como sucede en todos los países desarrollados; y, la reducción a setenta y dos horas, de todo trámite para la apertura de nuevas empresas y respuesta a las gestiones administrativas.

Segundo.- La seguridad a la propiedad privada y a la vida son condiciones necesarias para el desarrollo de una sociedad; ya que sin el cumplimiento de ellas, es imposible el desarrollo de las empresas generadoras de recursos; de ahí que, el sector comercio y de servicios; exija la supresión del crimen sin castigo, que nace en la complicidad de la autoridad con el delincuente; pues es un hecho notorio, que por lo tanto no requiere prueba; que la delincuencia organizada, solamente puede existir, cuando tiene protección gubernamental; ese es el fundamento de la petición, de que se cree un órgano civil de supervisión de las autoridades encargadas de la prevención del delito; de la procuración y administración de justicia; y, de la ejecución de las penas y medidas de seguridad; que puedan verificar el descenso o incremento de la actividad delictiva, en cada uno de los sectores apuntados; para que el ejecutivo del estado, tenga un aliado confiable en el ejercicio de su facultad de nombramiento; ahora bien, como el asunto de la protección a los bienes de la sociedad no admite demora ni equivocación; la comisión sugiere, que los puestos de Secretario de Protección Ciudadana; Director de Seguridad Pública; Procurador General de Justicia del Estado; Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; Director de Prevención y Readaptación Social; Presidente del Consejo de Tutela; Secretario de Transporte; y, el de Director de Tránsito del Estado; sean objeto de escrutinio público, antes de ser nombrados; a fin de que la ciudadanía pueda conocer a los candidatos y calificarlos, de tal forma que, los funcionarios nombrados, tengan desde el inicio respaldo social y el compromiso de rendir buenas cuentas, so pena de ser removidos por el ejecutivo cuando la ciudadanía les retire su confianza.

Debe quedar claro, que la Comisión no pretende poner en duda el principio de autoridad; ni la facultad de nombramiento del Ejecutivo; por el contrario, pretende reforzarlo, con la aquiescencia ciudadana; lo cual traerá el enorme beneficio de la confianza en sus autoridades y su legitimación ante los gobernados.

Tercero: Reclamo reiterado en las intervenciones en los foros empresariales, es la anarquía en el transporte público, ya que además del exceso de autobuses y automóviles de alquiler; existe tráfico en el otorgamiento de permisos, al grado tal, que se ha creado la ilícita figura de préstamo y arrendamiento de placas, la venta masiva de licencias para conducir vehículos de motor, sin que el solicitante reúna los requisitos y condiciones que exige la ley y reglamento de tránsito del estado; lo cual pone en duda su rectoría, en una actividad vital, como es el traslado de las grandes masas de población; esa ilicitud de origen, produce los congestionamientos en las zonas urbanas y riesgos graves para la propiedad y la vida de las personas; ya que la falta de pericia de los conductores, los convierte en asesinos potenciales, pues por el peso y velocidad que desarrolla un vehículo de motor, puesto en manos de un inexperto, lo convierte en una amenaza letal para la sociedad y genera un marcado descenso en la calidad de vida, por la inhalación forzada de gases tóxicos y reducción de los espacios destinados a peatones; pues al no existir respeto a las normas ambientales; todo vehículo que es rechazado en otros lugares, por ser contaminante, en Oaxaca es aceptado, lo cual ha convertido a las calles y caminos de Oaxaca, en cementerios móviles.

La propuesta es, la creación de una nueva ley y reglamento de tránsito, vialidad y transporte y su cumplimiento irrestricto.

Cuarto.- Un clamor social, es la seguridad pública, que encuentra su principal obstáculo, en la multiplicidad de las policías y la consiguiente duplicidad y en algunos casos multiplicidad en las funciones; pues mal entendida la obligación de los municipios, de dar seguridad a sus ciudadanos, cada comuna crea su propia policía; de lo cual resultan quinientas setenta corporaciones de policías municipales; y si a eso le agregamos la auxiliar, la turística, la juvenil, la preventiva, la ministerial del estado, la ministerial federal y la federal preventiva; nos encontramos con que, la inseguridad se da entre otros factores, por el número excesivo de corporaciones policíacas, por la imposibilidad de coordinación en la multiplicidad de los agentes del orden; ausencia de control que genera cotos de poder y facilidad para el involucramiento de las policías con la delincuencia organizada.

Ante el fenómeno apuntado; la Comisión propone; la reducción a solamente dos policías estatales: la Ministerial y la Preventiva. La fusión de las policías municipales en la preventiva, se lograría mediante convenio de los municipios con el estado; y, por lo que se refiere a la capital; no hay razón legal para que exista Policía Municipal; pues la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca, establece con absoluta claridad, que en los lugares en donde residen los poderes del estado; la policía quedará bajo el mando directo del gobernador, razón por la que solo deben existir la Policía Preventiva y la Ministerial.

Quinto.- Causa de irritación, desconfianza y pérdidas económicas, es el bloqueo de las vías de comunicación; por quienes encontraron en esa burla a la autoridad, el mejor medio de litigar o de chantajear, generando con ello dos tipos de ciudadanos; el que cumple la ley voluntariamente y el que hace de la ley un medio ilegal de vida; lo cual acarrea deslegitimación; pues ¿con que autoridad moral el agente de gobierno, puede exigir a un ciudadano que no se estacione en doble fila; si en la calle siguiente, un grupo de delincuentes está bloqueando una avenida, una calle, una oficina?; pero esto no debe seguir, ya que la irritación creciente, más temprano que tarde, dará el fruto amargo de la justicia por propia mano, que nadie quiere, ni a nadie conviene.

Sexto.- Los índices de hacinamiento urbano, inciden directamente en el sano desarrollo de la sociedad; de ahí que, propongamos la creación de reservas territoriales para todas las zonas urbanas en crecimiento, en donde pueden instalarse centros habitacionales, plantas tratadoras de desechos sólidos; zonas de procuración, administración de justicia, administrativas y legislativas; pues ninguna razón existe para condenar a los centros urbanos a la ineficiencia, incomodidad e inseguridad.

Oaxaca de Juárez, Oax., a 17 de julio de 2004.